Una fruta que cruza la frontera sin control puede parecer algo sin importancia. Un saco de paltas, una caja de mangos, unas semillas, un par de plantas o algunos vegetales transportados sin fiscalización podrían verse como productos inofensivos. Pero en agricultura, lo pequeño no siempre es pequeño: una larva, una plaga o una enfermedad vegetal pueden convertirse en un problema sanitario, económico y comercial para todo un país.
Chile ha construido durante décadas una reputación agrícola basada en estándares sanitarios estrictos. Esa condición le ha permitido abrir mercados internacionales, exportar fruta fresca a destinos exigentes y sostener una industria que genera empleo en distintas regiones. Sin embargo, el aumento del ingreso ilegal de productos agrícolas ha encendido las alertas del sector.
Desde la mirada de Gabriel Massuh, empresario chileno-ecuatoriano ligado al rubro frutícola y fundador de Bagno, el problema no debe entenderse únicamente como una falta administrativa o un tema fronterizo. Se trata de un riesgo directo para la seguridad alimentaria, la sanidad agrícola y la competitividad de Chile.
“Cuando un producto agrícola entra sin control, no sólo ingresa una fruta o una verdura. Puede ingresar una amenaza completa para productores, consumidores y exportadores”, advierte Massuh desde su experiencia en la industria.
El riesgo invisible: cuando una plaga viaja escondida
A diferencia de otros problemas del comercio informal, el ingreso ilegal de productos agrícolas tiene una particularidad: el daño no siempre se ve de inmediato. Una fruta puede parecer sana, pero puede transportar larvas, hongos, bacterias, insectos o residuos de pesticidas no autorizados.
Por eso, los controles fitosanitarios no son un trámite burocrático. Son una barrera de protección para evitar que plagas ausentes o controladas en Chile puedan instalarse en zonas productivas.
Uno de los casos que más preocupa al sector es la mosca de la fruta, una plaga cuarentenaria capaz de afectar gravemente la producción frutícola. Su presencia obliga a activar protocolos de control, restringir movimientos de productos y aplicar medidas que pueden encarecer la operación agrícola.
El Servicio Agrícola y Ganadero ha mantenido fiscalizaciones intensas frente a esta amenaza. De hecho, el SAG informó que solo en 2023 retuvo más de un millón de kilos de productos de origen agrícola y pecuario ingresados ilegalmente, casi el doble que en 2022. El organismo también advirtió que varios de estos productos portaban plagas cuarentenarias ausentes en Chile.
Para Massuh, ese dato resume la magnitud del problema: “La agricultura chilena vale porque existe confianza en su sanidad. Si esa confianza se rompe, el costo lo paga toda la cadena”.
Chile, un territorio tricontinental con barreras naturales que se deben proteger
Chile cuenta con una condición geográfica particular. Además de su presencia en América del Sur, su proyección insular en Oceanía y su territorio antártico le otorgan una dimensión tricontinental. A esto se suma una ventaja natural clave para la agricultura: el desierto de Atacama al norte, la cordillera de los Andes al este, el océano Pacífico al oeste y la zona austral al sur han funcionado históricamente como barreras frente a plagas y enfermedades.
Esta protección natural ha sido una fortaleza para la agricultura nacional y para la reputación sanitaria del país en los mercados internacionales. Gracias a ese resguardo, Chile ha trabajado durante años para posicionarse como un origen confiable, capaz de exportar frutas, abrir mercados y cumplir con las exigencias de países compradores.
Sin embargo, esa ventaja también implica una responsabilidad mayor. Si una plaga logra ingresar y adaptarse, el impacto puede ser profundo para productores, exportadores y consumidores. Por eso, el ingreso ilegal de productos agrícolas debilita un sistema que depende del control, la trazabilidad y la fiscalización. Cada producto que evita los controles oficiales aumenta la posibilidad de introducir organismos que no han sido evaluados, tratados ni certificados.
“Chile no compite solo por volumen. Compite por calidad, trazabilidad y sanidad. Esa reputación se construye en años, pero se puede poner en riesgo con una sola mala práctica”, señala el empresario frutícola.
Esta mirada se relaciona directamente con su trayectoria empresarial en la industria frutícola chilena, marcada por la perseverancia, la adaptación a los ciclos del mercado y el desarrollo de negocios vinculados a frutas, abastecimiento y logística agrícola.
El costo económico de mirar para el lado
El ingreso ilegal de productos agrícolas no solo amenaza la sanidad vegetal. También genera costos económicos. Cuando aparece una plaga, se deben activar campañas de control, reforzar fiscalizaciones, delimitar áreas reguladas y aplicar tratamientos específicos.
Eso implica recursos públicos, costos privados y, en algunos casos, restricciones para mover o comercializar productos desde ciertas zonas.
Durante 2025, el SAG decomisó por ingreso ilegal 478.261 kilos de productos agropecuarios, más de 2,1 millones de huevos, 696 plaguicidas, 2.572 plantas, medicamentos veterinarios y animales vivos en distintas regiones del país. Estas cifras muestran que no se trata de casos aislados, sino de un fenómeno que cruza diferentes categorías de productos.
Para el sector agrícola, el riesgo es doble. Por un lado, se afecta la competencia formal, porque quienes cumplen las normas deben asumir costos de certificación, trazabilidad y controles. Por otro, se expone al país a consecuencias sanitarias que pueden afectar a toda la industria.
“Competir en agricultura exige reglas claras. El productor formal cumple protocolos, invierte y se somete a controles. El ingreso ilegal rompe ese equilibrio y pone en desventaja a quienes hacen las cosas bien”, plantea Massuh.
La mosca de la fruta: una amenaza que no admite descuidos
La mosca de la fruta es uno de los ejemplos más conocidos para explicar por qué los controles importan. No se trata solo de un insecto. Su presencia puede afectar cultivos, generar restricciones cuarentenarias y comprometer mercados de exportación.
Durante 2026, el SAG ha informado distintas áreas de regulación cuarentenaria para el control y erradicación de la mosca del mediterráneo, especialmente en zonas del norte y centro del país. Esto confirma que la vigilancia debe ser permanente y que el sistema sanitario necesita capacidad de respuesta rápida.
La amenaza es particularmente sensible porque Chile ha trabajado por décadas para sostener su condición fitosanitaria y proteger su producción frutícola. Una brecha de ingreso ilegal puede obligar a desplegar operativos complejos que involucran fiscalización, monitoreo, captura, control y comunicación con productores.
“El problema de una plaga no es solo que aparezca. El problema es todo lo que obliga a mover después: recursos, tiempo, restricciones y preocupación en los mercados”, explica el empresario.
El consumidor también tiene un rol
Aunque el tema suele mirarse desde la industria, el consumidor también participa en esta cadena de responsabilidades. Comprar productos de origen desconocido, transportar frutas sin declarar o normalizar la venta informal de productos agrícolas puede contribuir a un problema mayor.
En agricultura, la trazabilidad importa. Saber de dónde viene un producto, bajo qué condiciones fue transportado y si cumplió los controles sanitarios permite proteger tanto a quienes producen como a quienes consumen.
Por eso, la educación también es clave. Muchas personas no dimensionan el riesgo de ingresar una fruta, semilla o planta sin declarar. Pero ese gesto puede abrir la puerta a plagas que no forman parte del ecosistema agrícola local.
“Cuidar la sanidad agrícola no es solo tarea de las autoridades o de las empresas. También es una cultura. Todos tenemos que entender que una fruta sin control puede traer consecuencias que no se ven de inmediato”, señala Massuh.
Tecnología, fiscalización y coordinación: los nuevos desafíos
Para enfrentar este fenómeno, no basta con aumentar sanciones. También se requiere fortalecer la fiscalización, mejorar la coordinación entre organismos, incorporar tecnología y educar a la ciudadanía.
La trazabilidad digital, el monitoreo en zonas de riesgo, los controles fronterizos inteligentes y la colaboración entre sector público y privado pueden marcar una diferencia importante.
La industria frutícola ya funciona con estándares cada vez más exigentes en materia de calidad, inocuidad y sostenibilidad. Por eso, el combate al ingreso ilegal de productos agrícolas debe estar al mismo nivel de sofisticación.
Desde la mirada empresarial, Massuh plantea que Chile debe proteger lo que ha construido: “El país tiene una reputación agrícola muy valiosa. No se trata de cerrar las puertas al comercio, sino de asegurar que todo producto que entra cumpla las reglas necesarias para proteger a la industria y a los consumidores”.
Defender la sanidad agrícola es defender el futuro del sector
El ingreso ilegal de productos agrícolas puede parecer un problema puntual, pero en realidad toca temas mucho más amplios: seguridad alimentaria, empleo rural, exportaciones, confianza internacional, precios y sostenibilidad del sistema productivo.
Para Gabriel Massuh, la discusión debe tomarse con seriedad porque la agricultura chilena depende de un activo difícil de construir y fácil de dañar: la confianza.
Chile ha logrado posicionarse como un país capaz de producir, importar, distribuir y exportar alimentos bajo altos estándares. Proteger esa reputación exige controles, responsabilidad empresarial y conciencia ciudadana.
Porque detrás de cada fruta que llega a una mesa hay mucho más que un producto. Hay trabajo agrícola, logística, inversión, conocimiento técnico y una cadena completa que depende de reglas claras.
En ese sentido, prevenir el ingreso ilegal de productos agrícolas no es solo una medida sanitaria. Es una forma de proteger el futuro de una industria que alimenta, emplea y conecta a Chile con el mundo.
