Las buenas noticias en el ámbito educativo son motivo de celebración y, en este caso, un motivo concreto para el optimismo es la reducción de la tasa de desvinculación escolar, que ha bajado del 1,7% al 1,3%. Esta cifra representa la más baja desde que se comenzó a registrar el fenómeno, sugiriendo que las políticas públicas implementadas, los programas dirigidos a la retención y revinculación educativa, y la colaboración eficaz entre el Estado, escuelas y organizaciones de la sociedad civil están teniendo un impacto positivo. Sin embargo, esta mejora en las estadísticas debe ser vista con un enfoque crítico que nos invitará a no perder de vista a aquellos que aún enfrentan la realidad de no estar incluidos en el sistema educativo.
A pesar del avance positivo, no podemos ignorar la otra cara de la moneda. Según los datos más recientes del Ministerio de Educación, en 2022 había aproximadamente 227.000 niños, niñas y jóvenes fuera del sistema escolar, lo que representa un incremento de 40.000 en comparación con el año 2020. Estas cifras subrayan una cruda realidad: aunque los índices de retención mejoran, la exclusión educativa sigue siendo un problema latente que afecta a miles de jóvenes en el país. Es esencial que centremos nuestros esfuerzos en aquellos que no están, en quienes aún esperan por una solución que les permita acceder a una educación digna.
Para abordar este desafío, contar con información actualizada y desglosada territorialmente es fundamental. Sin datos precisos sobre cuántos jóvenes están desconectados del sistema educativo y sus ubicaciones, resulta casi imposible formular políticas efectivas que lleguen a todos ellos. La falta de información puede llevar a la creación de programas que no atiendan las verdaderas necesidades de las comunidades más vulnerables. La transparencia y la precisión en estos datos deben ser prioridades para los tomadores de decisiones, quienes tienen la responsabilidad de reducir la brecha de exclusión.
Si bien el descenso en la tasa de abandono escolar es un logro significativo, no debemos permitir que esta noticia desvíe la atención de los desafíos que persisten. Es imperativo que se fortalezcan las políticas que han demostrado ser efectivas, se apoye la innovación educativa en contextos vulnerables y se garantice que los programas de reinserción y reingreso no dependan únicamente de la voluntad de individuos o grupos aislados. Las acciones deben ser parte de una política pública sostenida y de largo plazo que asegure que todos los jóvenes tengan la oportunidad de recibir una educación adecuada.
En Fundación Súmate, llevamos más de tres décadas trabajando por aquellos que aún no están en el sistema educativo. Operamos a través de escuelas, aulas y programas de reingreso, enfocados no solo en que los jóvenes regresen a las aulas, sino también en desentrañar las causas que los llevaron a la deserción. Detrás de cada uno de estos casos hay historias de pobreza, violencia, abandono y dificultades que provocan desesperanza. Aunque celebramos los avances como señales de un futuro más esperanzador, es vital que no olvidemos a quienes todavía esperan una oportunidad para reescribir su historia a través de la educación.
