La implementación de la Sala Cuna Universal es una necesidad urgente en Chile, principalmente para aliviar la carga que enfrentan las madres trabajadoras. Este proyecto de ley emerge no solamente como un reconocimiento de sus derechos, sino como una solución efectiva a las dificultades de conciliación laboral y familiar. En un contexto donde las brechas laborales persisten y la maternidad a menudo se convierte en una traba para el desarrollo profesional de las mujeres, la creación de un marco legal que respalde la natalidad y la crianza es imperativa. No obstante, el panorama actual refleja una falta de acción y compromiso que resulta inaceptable para las familias chilenas.
En la actualidad, la falta de garantías para un espacio seguro que alimente la trayectoria educativa de los hijos provoca una creciente incertidumbre entre las madres trabajadoras. Sin un acceso regulado a salas cuna, el equilibrio entre el trabajo y la familia se convierte en una quimera, dejando a muchas en una situación de vulnerabilidad. La ley de Sala Cuna Universal viene a romper con el freno impuesto por el límite de 20 trabajadoras por empresa, un requisito arcaico que ha perpetuado condiciones desiguales y que no responde a las realidades del mundo laboral actual. La necesidad de cambios legales para mejorar esta situación es imperativa, y que estas voces sean escuchadas es esencial.
A pesar de los esfuerzos realizados, la tramitación de esta ley ha sido inaceptablemente lenta. Desde su presentación, han pasado más de 12 meses, y aún el proyecto se encuentra estancado en el Senado, evidenciando una falta de voluntad política que no se puede justificar. Las modificaciones propuestas por el Gobierno son sustantivas y han recibido apoyo transversal en varias ocasiones, lo que hace aún más incomprensible que no se haya avanzado en su discusión. Este estancamiento no solo frustra a quienes apoyan la iniciativa, sino que, más importante aún, afecta directamente a muchas familias que dependen de una solución rápida y efectiva.
Los argumentos esgrimidos por algunos sectores políticos, que buscan evitar una legislación apresurada y con errores, carecen de validez frente a la urgente necesidad que representa la ley de Sala Cuna Universal. Al hacer esto, desatienden el clamor social que exige medidas para reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de crianza y trabajo. En marzo se prevé una última oportunidad para discutir y aprobar este fundamental proyecto. Se requiere un cambio de mirada, reconocer que este tipo de políticas son inversiones que traerán beneficios a largo plazo y no meros gastos, asegurando soporte para las familias.
La aprobación de la ley de Sala Cuna Universal no solamente es un avance en materia de equidad de género, sino también un paso significativo para el desarrollo social y económico del país. El bienestar de las madres y sus hijos está intrínsecamente ligado al progreso de Chile. Permitir que las mujeres abandonen sus proyectos laborales o personales por falta de apoyo en la crianza es un paso atrás en nuestra lucha por un país más justo. Así, esta ley se erige como un pilar fundamental para garantizar que el crecimiento económico no excluya a nadie, sino que impulse a todos hacia un futuro más inclusivo.
