Después del inicio de una investigación en marzo, Estados Unidos (EEUU) ha presentado una propuesta para aplicar nuevos aranceles contra Chile y otros 60 países, en respuesta a diversas manifestaciones de «inacción» respecto al trabajo forzado. Según información de BioBioChile, si se aprueba la iniciativa, se implementaría un impuesto del 12,5% a las importaciones chilenas, lo que representa un incremento respecto al 10% temporal establecido anteriormente por Donald Trump. Esto llega tras la anulación en febrero por parte de la Corte Suprema estadounidense de gran parte de los aranceles impuestos en el marco del denominado Día de la Liberación. Desde la Cancillería chilena han indicado que están comprometidos con el diálogo y que han participado activamente en las conversaciones con las autoridades estadounidenses sobre esta propuesta.
El informe de la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR) señala que Chile es parte de un grupo de 54 economías que no han «logrado imponer ni hacer cumplir de forma eficaz una prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso». La lista incluye países de diversas regiones, como Argentina, Brasil, India y Rusia, lo que pone de relieve un desafío común respecto a la lucha contra el trabajo forzado en el comercio internacional. Esta situación ha llevado a que Chile y otros países sean señalados por tener políticas insuficientes para enfrentar esta problemática, complicando sus relaciones comerciales con EEUU.
El reporte de la USTR califica las acciones de Chile como «irrazonables» y detalla que estas prácticas suponen una carga para el comercio estadounidense. Este hallazgo se extiende a otros seis países que tampoco han logrado cumplir con la prohibición de importar bienes fabricados con trabajo forzoso, incluyendo a la Unión Europea y México. Las implicaciones de este informe son serias, ya que pueden afectar significativamente el comercio bilateral y generar nuevas tensiones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos.
A nivel global, se recomienda a un total de 46 países un gravamen del 12,5%, mientras que a 14 socios comerciales de EEUU se les podría aplicar una tasa menor del 10%. Esta propuesta se realizaría bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, reflejando la postura de EEUU de tomar medidas firmes contra aquellos que no actúen enérgicamente contra el trabajo forzado. El representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, ha enfatizado que la falta de acción de sus socios comerciales es «inaceptable» y que esta dinámica pone a los trabajadores estadounidenses en desventaja competitiva a nivel mundial.
En defensa de su postura, el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna subrayó que el Tratado de Libre Comercio (TDLC) con EEUU sigue vigente y que están comprometidos en salvaguardar los intereses nacionales. Destacó que Chile ha estado involucrado en consultas y que continuará participando activamente en diálogos con las autoridades estadounidenses para encontrar soluciones que beneficien a ambas partes. El canciller reafirmó la importancia de lograr condiciones comerciales justas, al tiempo que promueve el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Chile y EEUU.
